Los abogados leoneses denuncian la situación "caótica y dramática" de los juzgados de Ponferrada y Villablino

• El Colegio de Abogados de León denuncia la situación del juzgado de Villablino y considera que la Ley de Eficiencia “ha generado la tormenta perfecta para un colapso de la Justicia”
• En Ponferrada lamentan espacios desaprovechados y falta de personal y temen una lejanía de la justicia debido a la centralización que ya afecta a los casos de violencia de género en otros juzgados de la provincia

“Sangrante y dramática”. Así definió este jueves el decano de la Abogacía de León, David Díez Revilla, la situación del juzgado de Villablino, “la más caótica de la provincia y nadie mira para allá. Se acuerdan cuando llegan las elecciones, porque es un granero de votos”. Es uno de los asuntos que destacó en una comparecencia para analizar la situación del ámbito judicial y su repercusión en los ciudadanos.

En la localidad cabecera de la comarca de Laciana, dijo, se han acometido mejores en las instalaciones, pero la falta de personal y la temporalidad de las plazas provocan retrasos “demenciales” de más de dos años en las tramitaciones de los procedimientos, con lo que se pone en riesgo una sentencia justa. “Somos conscientes, los operadores jurídicos, están poniendo de su parte pero no es suficiente. La Administración tiene que tomar medidas porque se genera desprotección” remarcó y reconoció que la jueza actual “está tirando con todo lo que puede, pero lo que se encuentra desborda a cualquiera”. Por eso, dijo, hace falta dotarlo de mucho más personal hasta que la situación se sanee.

La queja compartida con el resto de territorios está relacionada con las consecuencias de la Ley de Eficiencia, que ha supuesto la creación de una situación de “caos para ciudadanos y profesionales, con nuevos retrasos, falta de especialización, carencia de medios personales y tecnológicos. “Hemos generado la tormenta perfecta para un colapso de la Justicia” manifestó sobre la apodada como ‘Ley de Ineficiencia’.

Que la comunidad no tenga transferidas las competencias de Justicia, dijo, también influye en el funcionamiento del sistema y en un territorio como Castilla y León, “hay que facilitar la burocracia para que se puedan resolver trámites administrativos en las zonas rurales y formar al personal necesario para poder hacerlo”. “Se nos llena la boca con la España vaciada. Pero, ¿se le está dotando de medios para acercar la Justicia y otros recursos? No. Cada vez se centralizan más los servicios en las ciudades”, reflexionó. También aludió al sobrecoste que generan las suspensiones judiciales, propiciadas en muchas ocasiones por la falta de conectividad entre sistemas y criterios.

La comarcalización de las secciones de violencia sobre la mujer funcionan, lamentó, en la práctica más como una centralización que como una verdadera justicia de proximidad, lo que aleja a las víctimas de la sede judicial, incrementa los desplazamientos y dificulta el acceso efectivo al sistema. En partidos judiciales como Astorga y La Bañeza, la extensión territorial, la dispersión de cuarteles y dependencias y el compartir la lista de letrados de turno que atienden los casos obliga a recorrer largas distancia a los letrados, lo que compromete la inmediatez y eficacia de la asistencia.

“Hablamos de retrasos preocupantes, declaraciones de la víctima fuera de los plazos de la ley. Esperamos que la digitalización facilite evitar los desplazamientos y el coste que generan. Es complejísimo”, comentó. Díez Revilla se refirió también la traslado a la pedanía de Armunia de las conciliaciones laborales a partir del 1 de junio, lo que implica complicaciones para todos los implicados. La administración autonómica, matizó, se ha comprometido a agilizar la implantación telemáticas y esperan que se lleve a cabo antes de que acabe el año.

Otras demandas de la abogacía en las que incidió el representante de los mil abogados ejercientes y otros 700 colegiados aluden a la necesidad de que se dote a las instalaciones judiciales de espacios adecuados para las víctimas de violencia; “espacios seguros, donde poder estar antes de las celebraciones de las vistas”, dado que las actuales en León son “ruinosas, vergonzosas, indecentes e insalubres”.

También reclaman lugares de detención “dignos, que en muchos momentos no existen” en dependencias policiales y pidió también mejorar la rotulación de las sedes judiciales para facilitar su acceso a los ciudadanos. “No decimos que a nivel personal no se esté intentando hacer lo mejor posible, pero faltan recursos” remarcó antes de agradecer la buena disponibilidad de las instituciones afectadas y de recalcar que “hay que reivindicar entre todos”.

Otra comparecencia en El Bierzo

La delegación berciana del Colegio de la Abogacía de Ponferrada también denunció este jueves la situación “caótica" que se vive en el Palacio de Justicia de la capital berciana desde la puesta en marcha de la Ley de Eficiencia, a pesar de que contaba con ventajas como la implantación de la Oficina Judicial en 2015, el expediente digital y la plataforma Lexet. Añaden que el palacio está “infrautilizado” ya que cuenta con espacios libres donde se podría contar con más personal.

Así lo trasladaron la presidenta de la delegación, Ana Garnelo, y el vicepresidente, Pablo Soto, quienes insistieron en que el principal problema reside en las herramientas digitales implantadas, que se caen “día sí día también” e impiden trabajar, retrasando expedientes y afectando a la ciudadanía.

“La llegada de esta ley ha provocado más problemas que ventajas. Aunque aquí contábamos con muchas cosas, que creíamos que nos iban a beneficiar, no nos ha servido”, dijo Garnelo, quien insistió que los trabajadores se esfuerzan porque todo vaya bien, pero “es muy complicado”. “Hay retrasos de tramitación y de señalamientos, aunque nos esforzamos para paliarlo”.

Soto precisó que el reparto de competencias hace que ni los funcionarios sepan qué tienen que hacer, y  mostró su especial preocupación por el alejamiento de la justicia de las personas y del medio rural, un extremo que también ratificó Garnelo.

“Nos preocupa la comarcalización y que se trasladen a León procedimientos, como los de violencia de género, a pesar de que a Ponferrada, de momento, no afecta e , incluso, se está reforzando, indicaron. Y es que ya se están trasladando a la capital de la provincia a muchos detenidos y víctimas de otros juzgados, algo que temen que se extienda a otros servicios. Tememos una justicia no cercana”, aseguró para añadir que en la ley estaba previsto que los Juzgados de Paz asumieran algunas competencias, algo que, de momento, no ha pasado.

Otro de los asuntos tratados fue la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, conocido como Reta, por el que están luchando muchos profesionales que, actualmente son mutualistas, y que sufren importantes agravios. El asunto debería haberse votado este miércoles en el Congreso, pero quedó aplazado hasta el próximo día 26.

Los abogados ponferradinos aprovecharon la ocasión para recomendar a todas las personas inmersas en el proceso de regularización de extranjeros que se asesoren de forma correcta y volvieron a denunciar la situación de los abogados de oficio, que reciben “remuneraciones irrisorias”.

Actualmente hay 250 abogados ejerciendo en el Partido Judicial de Ponferrada, de los cuales más de un centenar atienden el turno de oficio: 30 asisten a casos de violencia sobre la mujer y 80 a juicios rápidos.