UPL exige la dimisión del concejal de Hacienda de León tras el “fiasco” de la tasa de basuras
- Denuncian un posible impacto económico de 15 millones entre anulaciones de derechos, devoluciones y deterioro del remanente de tesorería municipal
El grupo de UPL en el Ayuntamiento de León reclamó hoy la dimisión inmediata del concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, tras conocerse el “contundente” informe de la Intervención Municipal que, señalan, “evidencia el fracaso absoluto en la gestión de la tasa de basuras impulsada por el equipo de gobierno socialista”.
Se trata, apuntan, de una situación de “auténtico fiasco económico y administrativo”, después de que las sentencias judiciales que anulan las ordenanzas fiscales y las irregularidades detectadas por el interventor municipal sitúen el impacto económico total en más de 15 millones de euros entre anulaciones de derechos, devoluciones de ingresos indebidos y deterioro del remanente de tesorería municipal.
El informe de Intervención advierte además de una “necesidad de financiación” de más de 9,2 millones de euros y de un grave incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Asimismo, el documento recoge la existencia de más de seis millones de euros en “derechos ficticios” que nunca llegarán a cobrarse y que deberán ser anulados, agravando todavía más la situación financiera del Ayuntamiento, apuntan los leonesistas en un comunicado.
La gravedad de los hechos, remarcan, exige responsabilidades políticas. “No entendemos cómo el alcalde mantiene todavía al concejal de Hacienda al frente de un área que ha demostrado una absoluta incapacidad de gestión”, manifiestan antes de recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nulas las ordenanzas de la tasa de residuos de 2025 y 2025 por defectos de tramitación y falta de motivación técnica suficiente, desmontando jurídicamente toda la actuación municipal en esta materia.
El propio interventor en su informe alude a la posibilidad, de forma motivada y previa a la tramitación del correspondiente procedimiento especial de revisión, de extender los efectos de resolución judicial a la totalidad de los vecinos de la ciudad, que, desde el Grupo Municipal de UPL entienden que es lo justo y adecuado y no solamente en beneficio de quien obtuvo la sentencia favorable, porque la anulación es absoluta y debe de favorecer a todos y no solo al recurrente. Ello supondrá, según el interventor, una salida de fondos por importe de más de 3.700.000 euros y una anulación de derechos; en definitiva, posibilidad de cobro, por más de 1.400.000 euros.
Por otra parte, argumentan, si el concejal de Hacienda hubiera cumplido con su obligación de elaborar la ordenanza y aprobar la misma en los plazos establecidos en su momento por la Ley 7/2022 de 8 de abril, habría dado tiempo a realizar jurídicamente adecuada la ordenanza y se hubiera evitado el “fiasco de una ordenanza realizada deprisa y corriendo que ha conllevado la anulación de la misma con el consiguiente perjuicio económico que va a condicionar en gran medida el devenir en los próximos ejercicios”.