El PP exige a la Diputación que aclare la denuncia judicial por no actualizar los precios de las carreteras durante seis años

• Las dos empresas adjudicatarias del anterior contrato de conservación reclaman las diferencias de costes desde 2017 y los intereses de demora
• Los populares culpan al anterior gobierno de prorrogar el servicio "sin soporte contractual" y mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito

El Partido Popular ha exigido públicamente a la Diputación Provincial que "aclare" la denuncia presentada en los juzgados por las dos empresas que gestionaban el anterior contrato de conservación de la red provincial de carreteras. Las compañías reclaman que la institución no actualizó los precios del servicio durante un periodo de seis años, concretamente entre 2017 y 2023, fecha en la que se firmó el actual acuerdo.

Esta disputa judicial podría suponer un duro revés económico para las arcas de la institución provincial. En caso de que la Justicia dé la razón a las empresas, la Diputación se vería obligada a abonar la diferencia correspondiente al incremento de los costes , acentuado de forma notable por la crisis derivada de la Guerra de Ucrania, además de los respectivos intereses de demora.

El origen del conflicto: un contrato prorrogado

El servicio en cuestión fue adjudicado originalmente en el año 2015, dividido en dos lotes (zona occidental y oriental) por un importe de 1,5 millones de euros anuales para cada sector. Aunque el contrato inicial tenía una vigencia de dos años con una prórroga máxima de otros dos (hasta 2019), la gestión se alargó mucho más de lo previsto.

Según denuncian los populares, el anterior equipo de gobierno, compuesto por el PSOE y UPL, prorrogó de forma sucesiva el servicio "sin soporte contractual" durante casi todo el mandato, recurriendo al abono de las facturas a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Aunque se intentó licitar un nuevo contrato en 2021, el proceso se paralizó debido a que Ineco, la consultora pública dependiente del Ministerio de Transportes, no asumió la valoración de las ofertas, obligando a convocar un nuevo concurso. Finalmente, el contrato actual no se adjudicó hasta 2023, elevando la partida hasta los 3 millones de euros anuales por sector.

Amparo en los pliegos y en el decreto estatal

Las empresas adjudicatarias sostienen que ya habían reclamado por la vía administrativa la adecuación de los precios. Para ello, se amparaban en el propio pliego de condiciones de 2015, que contemplaba una revisión de precios "en la parte de obra" a partir de las prórrogas de 2018 y 2019.

Asimismo, basan su demanda en el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, aprobado por el Gobierno central para articular medidas extraordinarias y urgentes de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras tras el estallido de la guerra en Ucrania.

Por su parte, la Diputación rechazó en su momento estas reclamaciones argumentando que el contrato original no contemplaba dicha revisión de precios, a pesar de que el acuerdo se mantuvo prorrogado de facto hasta la entrada en vigor de la nueva adjudicación en 2023. El PP insta ahora al gobierno provincial a dar explicaciones transparentes ante el riesgo de un desembolso millonario imprevisto.