CSIF denuncia en Inspección de Trabajo el “infierno térmico” del centro de discapacitados de San Andrés
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para exigir una intervención inmediata en el Centro de Referencia Estatal Discapacidad y Dependencia (Credyd) de San Andrés del Rabanedo.
Asegura que las instalaciones son “un auténtico infierno térmico”, poniendo en serio riesgo la salud de los empleados y de los propios usuarios, que son personas con grave discapacidad y dependencia.
CSIF tacha de "inaceptable e irresponsable" la inacción de la dirección, “que no ha adoptado ninguna medida preventiva ni de climatización eficaz para paliar las altas temperaturas” y recalca que este escenario no es nuevo. “Es una situación endémica que ya se sufrió el año pasado sin que los responsables hayan movido un solo dedo para solucionar las deficiencias en las instalaciones antes de la llegada del verano”, apuntan en un comunicado.
Asimismo, detallaron que son muchos los días en los que la temperatura está por encima de los 27 grados, el máximo que marca la normativa, superando incluso los 30. Apuntan que el calor es causa de no pocos fallecimientos, especialmente en personas vulnerables, “por lo que es un problema que no se debe olvidar. Según el Ministerio de Sanidad, de mayo a septiembre de 2025 se atribuyeron 3.832 muertes al calor en España”.
“Es indignante que estemos repitiendo la misma pesadilla. Estamos hablando de un centro que atiende a usuarios con grave discapacidad y dependencia que, junto a la plantilla, están soportando temperaturas interiores muy elevadas. Ser atendido en estas condiciones es inhumano”, lamenta el sindicato.
CSIF solicita formalmente a la Inspección de Trabajo una personación de urgencia en las instalaciones del Credyd de San Andrés, para instar a la dirección a adoptar medidas cautelares e inmediatas, como la climatización de espacios o la dotación de sistemas de enfriamiento. El sindicato advierte que llegará hasta las últimas consecuencias legales “para garantizar un entorno seguro y digno”.
El mismo sindicato denunció un "desmantelamiento encubierto" de este centro pionero hace un año: sólo tiene cubierta una veintena de las plazas previstas.
