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La regularización supera las previsiones de CCOO con entre 10.000 y 15.000 expedientes más en Castilla y León

El sindicato subraya que la mayoría de solicitudes corresponden de Colombia, Venezuela y Perú 

El secretario de Empleo y Migraciones de CCOO Castilla y León, Javier Moreno, y la coordinadora autonómica de los CITE (Centros de Información a personas Trabajadoras Extranjeras) del sindicato, Cristina de la Torre, hacen un balance del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en la Comunidad. Rubén Cacho. Ical
El secretario de Empleo y Migraciones de CCOO Castilla y León, Javier Moreno, y la coordinadora autonómica de los CITE (Centros de Información a personas Trabajadoras Extranjeras) del sindicato, Cristina de la Torre, hacen un balance del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en la Comunidad. Rubén Cacho. Ical

La regularización extraordinaria de personas migrantes superó todas las previsiones iniciales en Castilla y León. Así lo aseguró el secretario de Empleo y Migraciones de CCOO Castilla y León, Javier Moreno, quien destacó que en la Comunidad se tramitaron cerca de 40.000 expedientes, una cifra “muy superior” a la estimación inicial de entre 25.000 y 30.000 personas que manejaba el sindicato cuando comenzó el proceso.

Durante una rueda de prensa junto a la coordinadora de los Centros de Información a Personas Trabajadoras Extranjeras (CITE), Cristina de la Torre, Moreno defendió que este proceso supone “hacer justicia social” con personas que ya residen en España y que ahora podrán acceder al mercado laboral en condiciones de legalidad.

No obstante, recordó que la autorización obtenida es temporal y deberá renovarse dentro de un año, por lo que CCOO mantendrá su labor de información y acompañamiento como una entidad colaboradora autorizada para tramitar expedientes.

Moreno explicó que la cifra de 40.000 expedientes no implica que todas las solicitudes vayan a resolverse favorablemente, ya que algunas podrían ser denegadas por incumplir los requisitos. Sin embargo, consideró que el volumen de solicitudes “pone de manifiesto la existencia de una importante población migrante que hasta ahora permanecía en situación regular”.

El responsable sindical incidió también en la aportación económica que estas personas realizan antes incluso de incorporarse al mercado laboral formal. “Son personas que compran, consumen y contribuyen al sostenimiento de la sociedad a través de los impuestos indirectos. Ahora podrán hacerlo también mediante sus cotizaciones a la Seguridad Social”, señaló.

Moreno recordó que la mayoría de quienes solicitaron la regularización proceden de Colombia (31,9 por ciento), Venezuela (19,1 por ciento) y Perú (12,4 por ciento) y subrayó que accedieron a España de forma legal. “Siempre hemos defendido un modelo de migración legal, segura, ordenada y con derechos. La mayoría de la migración que entra en nuestro país lo hace de manera legal”, aseguró.

Falta de mano de obra

Moreno recordó que la Comunidad sufre un acusado envejecimiento poblacional y un déficit de trabajadores en numerosos sectores económicos. En este sentido, destacó que el porcentaje de personas extranjeras inscritas como demandantes de empleo pasó del 11,6 al 12,2 por ciento del total de desempleados, una evolución que atribuyó al inicio de los efectos de la regularización.

“Ya hay personas inscritas como demandantes de empleo dispuestas a trabajar. Aprovechamos para decir a las empresas de Castilla y León que tienen personas disponibles para cubrir muchas de las vacantes que llevan tiempo reclamando”, afirmó.

El dirigente sindical recordó que muchas empresas llevan años denunciando dificultades para encontrar trabajadores y consideró que este proceso puede ayudar a paliar esa situación, especialmente en sectores como los cuidados, la agricultura, la ganadería, la construcción, el transporte o determinados servicios.

Antes incluso de la publicación definitiva del decreto, CCOO organizó asambleas informativas en todas las provincias y sedes comarcales para explicar los requisitos previstos. Posteriormente habilitó a 37 personas, en su mayoría delegados sindicales que realizaron esta labor de forma voluntaria, para gestionar los expedientes de regularización.

Gracias a este dispositivo, CCOO Castilla y León tramitó alrededor de 1.000 expedientes y atendió a unas 4.000 personas mediante consultas individuales, talleres y reuniones informativas. En el conjunto del país, el sindicato gestionó unos 7.500 expedientes, de los cerca de 50.000 presentados a través de entidades colaboradoras.

Moreno puso en valor especialmente la atención prestada en el medio rural, donde la ausencia de oficinas de Extranjería, Seguridad Social o Correos hace más difícil completar los trámites administrativos.

Facilitar la integración laboral

Por su parte, la coordinadora de los CITE de CCOO Castilla y León, Cristina de la Torre, explicó que el trabajo del sindicato se centrará ahora en facilitar la incorporación laboral de las personas regularizadas y preparar la renovación de sus autorizaciones de residencia y trabajo. “El principal reto ahora mismo es incorporarse laboralmente lo mejor posible”, resumió.

Recordó que, según los datos disponibles a nivel estatal, el 24 por ciento de las personas regularizadas posee estudios universitarios y más del 40 por ciento cuenta con bachillerato o Formación Profesional, por lo que una de las prioridades será apoyar la homologación de títulos extranjeros para favorecer empleos acordes a su formación.

De la Torre advirtió también de las dificultades que puede generar la renovación de los permisos, ya que muchas personas deberán acreditar periodos mínimos de cotización o presentar informes de integración cuya tramitación sigue generando incertidumbre por la disparidad de criterios entre administraciones.

“La gente necesita conocer estos requisitos antes de que llegue el momento de renovar. Estamos viendo informaciones contradictores y mucho lío administrativo”, lamentó.

Por ello, tanto Moreno como De la Torre reclamaron reforzar las plantillas de las oficinas de Extranjería, la Seguridad Social y la Policía Nacional, además de mantener los programas de atención especializada a personas migrantes.

“Si aumenta la población, los servicios públicos también tienen que fortalecerse en la misma proporción”, concluyó Moreno.