Izquierda Unida lleva ante la Fiscalía a la empresa de recobros del incidente del tractor en Villamuñío
La formación solicita investigar las prácticas de acoso, coacciones e intimidación de la compañía, así como la implicación en los hechos del conocido activista de ultraderecha Alberto 'Pugilato'
Izquierda Unida ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de Castilla y León para exigir una investigación exhaustiva sobre la actividad de la empresa de recobros implicada en el altercado del pasado 23 de junio en Villamuñío (León). En aquel incidente, un agricultor embistió y volcó con su tractor el vehículo utilizado por los cobradores que acudieron a presionarle. La iniciativa judicial de IU pide además que se determinen las posibles responsabilidades penales derivadas de la participación en los hechos de Alberto 'Pugilato'.
Según detalla la organización política, la compañía investigada, con sede en Galicia y operaciones en diversas provincias de Castilla y León, arrastra un amplio historial judicial. En la documentación entregada al Ministerio Público se han adjuntado más de una decena de sentencias firmes emitidas por diferentes audiencias provinciales. Dichas resoluciones condenan a empleados de esta firma por delitos leves de coacciones, amenazas y lesiones cometidos durante el desempeño de sus labores de cobro.
Los fallos judiciales incorporados a la causa documentan un catálogo sistemático de abusos: visitas insistentes y no deseadas a domicilios y centros de trabajo, intimidaciones, insultos y seguimientos continuados, bloqueos físicos para impedir el movimiento de las víctimas, agresiones físicas puntuales.
Para Izquierda Unida, este patrón demuestra que no se trata de episodios aislados, sino de un modus operandi reiterado que busca amedrentar a los deudores.
Rechazo a la violencia como modelo de negocio
El coordinador provincial de IU en León, Sergio Carro, ha manifestado con firmeza que "ninguna supuesta deuda puede convertirse en una excusa para vulnerar derechos fundamentales mediante el acoso, la intimidación o las coacciones". Asimismo, Carro ha instado a las instituciones a intervenir: "Si existen empresas que hacen de estas prácticas un modelo de negocio, el Estado de derecho tiene la obligación de actuar con toda la contundencia posible".
Desde la formación han calificado también como "especialmente preocupante" la vinculación con estos operativos de perfiles con antecedentes vinculados al extremismo político. "No podemos normalizar que personas vinculadas al neonazismo y con condenas por delitos de odio participen en actividades de presión contra la ciudadanía ni que encuentren espacios de impunidad en el ámbito económico", ha concluido el dirigente provincial.
