La Diputación de León moviliza 424.000 euros para ayudar a los pueblos a localizar y retirar el amianto
- La institución provincial financiará hasta el 90% del coste de los censos obligatorios que deberán elaborar los municipios para identificar instalaciones, edificios e infraestructuras con este material potencialmente peligroso
La lucha contra uno de los materiales más utilizados durante décadas en la construcción y, al mismo tiempo, uno de los más peligrosos para la salud, da un nuevo paso en la provincia de León. La Diputación de León ha aprobado una línea de ayudas dotada con 424.000 euros destinada a facilitar que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes elaboren los censos de instalaciones y emplazamientos con amianto exigidos por la normativa vigente.
La iniciativa, impulsada por el área de Transición Ecológica que dirige el diputado Javier Salgado, busca aliviar la carga económica y técnica que supone para muchos municipios rurales identificar la presencia de este material en sus términos municipales y planificar su futura retirada.
La subvención cubrirá hasta el 90 por ciento del coste de los trabajos necesarios para elaborar los censos, con una ayuda máxima de 4.000 euros por ayuntamiento.
Un material presente en numerosos rincones de la provincia
Durante buena parte del siglo XX, el amianto fue considerado un material casi imprescindible por su resistencia, aislamiento y bajo coste. Su uso se extendió a cubiertas de naves, depósitos, canalizaciones, edificios industriales, instalaciones agrícolas y redes de abastecimiento de agua.
Sin embargo, con el paso de los años se demostró que la inhalación de sus fibras puede provocar graves enfermedades respiratorias y distintos tipos de cáncer, motivo por el que su utilización quedó prohibida.
Pese a ello, miles de elementos fabricados con amianto continúan presentes en municipios de toda España, especialmente en el medio rural, donde muchas infraestructuras e instalaciones conservan todavía componentes construidos hace décadas.
La elaboración de estos censos permitirá conocer con precisión dónde se encuentra este material y establecer una hoja de ruta para su eliminación progresiva.
Los censos deberán incluir un calendario de retirada
La convocatoria establece que los ayuntamientos no solo tendrán que localizar las instalaciones con amianto, sino también elaborar un calendario de actuaciones para su retirada.
Además, deberán fijar criterios de prioridad en función de la peligrosidad de cada instalación y del grado de exposición de la población, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables.
La normativa marca un objetivo claro: los emplazamientos públicos considerados de mayor riesgo deberán estar gestionados antes del año 2028.
Tanto los censos como los calendarios de retirada tendrán carácter público y deberán remitirse a las autoridades competentes en materia sanitaria, laboral y medioambiental de Castilla y León.
Desde viviendas hasta redes de abastecimiento
Los trabajos subvencionados abarcan todas las fases necesarias para la elaboración de los censos.
Entre ellas figuran la recopilación documental, las inspecciones sobre el terreno, la toma y análisis de muestras de materiales sospechosos, la evaluación de riesgos, la elaboración de cartografía digital y el diseño del plan de retirada de los elementos detectados.
El inventario deberá incluir todas las instalaciones y emplazamientos existentes en cada municipio, independientemente de quién sea su propietario. Esto afecta tanto a viviendas particulares como a oficinas, edificios públicos, instalaciones industriales, explotaciones agrícolas o infraestructuras municipales.
También deberán revisarse elementos especialmente sensibles como las redes de abastecimiento de agua, donde todavía pueden existir conducciones fabricadas con fibrocemento.
Más de cien ayuntamientos ya recibieron ayudas
Esta nueva convocatoria da continuidad al programa puesto en marcha por la Diputación el pasado año. En aquella ocasión fueron beneficiarios 105 ayuntamientos de la provincia, que recibieron ayudas por un importe total de 398.251 euros.
Por este motivo, los municipios que ya obtuvieron financiación en la convocatoria anterior no podrán acceder a las ayudas de 2026.
El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas se extenderá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año, mientras que la justificación de los trabajos deberá presentarse antes del 1 de abril de 2027.
Refuerzo para los municipios más pequeños
La Diputación contará además con el respaldo económico de la Junta de Castilla y León, que ha concedido una subvención directa de 90.000 euros destinada específicamente a financiar los censos de amianto en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la institución provincial durante un plazo de veinte días hábiles.
Con esta medida, la Diputación de León pretende acelerar la identificación de las instalaciones que todavía contienen amianto y ayudar a los pequeños municipios a cumplir una obligación legal que, además de compleja desde el punto de vista técnico, resulta esencial para seguir avanzando en la protección de la salud pública y del medio ambiente.
