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CSIF alerta del "desmantelamiento encubierto" del Credyd de San Andrés: ya sólo se ocupan 20 de las 120 plazas previstas

Una de las actividades realizadas hace unos años por la Guardia Civil en el CRE de grandes discapacitados de San Andrés del Rabanedo, hoy prácticamente en desuso, según denuncia el CSIF. | ICAL
Una de las actividades realizadas hace unos años por la Guardia Civil en el CRE de grandes discapacitados de San Andrés del Rabanedo, hoy prácticamente en desuso, según denuncia el CSIF. | ICAL

  • El sindicato denuncia que "la actividad se ha reducido a mínimos por parte del Imserso y con la colaboración directa de la dirección del centro"
  • Zapatero inauguró este Centro de Referencia Estatal para la atención a personas con grave discapacidad de San Andrés del Rabanedo, que abrió sus puertas en 2008

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Discapacidad (Credyd) para la atención a personas con grave discapacidad de San Andrés del Rabanedo abrió sus puertas en 2008. Lo inauguró el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Su objetivo, se dijo, era "prestar una atención directa especializada –en régimen de residencia o de centro de día–, a personas mayores de 16 años y menores de 65 con graves discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales en situación de dependencia grave". Ofrecía servicios de asistencia personal, de salud, de manutención y alojamiento, así como de rehabilitación médico-funcional, entrenamiento en la autonomía personal y rehabilitación psicosocial y de integración sociolaboral. Pero eso era antes. 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios denunció este miércoles el “desmantelamiento encubierto” del Credyd de San Andrés del Rabanedo, en la provincia de León, “por parte del Imserso y con la colaboración directa de la Dirección del centro”, inaugurado en 2008, como un modelo de atención pública integral, que “ha visto reducida su actividad a mínimos”.

Así, de las 120 plazas residenciales y 20 de centro de día previstas inicialmente, actualmente sólo acoge a 20 residentes y 21 usuarios del centro de día, lo que evidencia, según CSIF, “una voluntad manifiesta de vaciar de contenido el centro y abocarlo a su cierre”.

CSIF también alerta de una situación laboral “crítica” que “repercute directamente en la calidad del servicio”, ya que de las diez enfermeras previstas en plantilla, solo hay cuatro en activo, “sin que se cubran las bajas existentes”, lo que “obliga al servicio de urgencias del centro de salud de Trobajo del Camino a asumir funciones que corresponden al Imserso, provocando una merma en la atención sanitaria tanto en el Credyd como en el propio centro de salud”.

Frente a ello, “la dirección deja turnos sin cobertura de personal de enfermería e intenta imponer que los auxiliares de enfermería asuman funciones exclusivas de las enfermeras, una práctica ilegal”, tal y como señaló la Central Sindical.

De esta forma, el sindicato denuncia que algunos profesionales estarían recibiendo “presiones e incluso amenazas” para asumir tareas impropias de su categoría, lo que ha hecho que la dirección del centro se encuentre inmersa en un procedimiento judicial penal impulsado por el Colegio Oficial de Enfermería.

El sindicato criticó que existe una “desorganización crónica” en la gestión del centro, que perjudica tanto a trabajadores como a residentes y, aunque el centro dispone de recursos materiales y personal cualificado, como tres fisioterapeutas en plantilla, los usuarios tienen que costearse servicios externos de fisioterapia por la “ineficacia organizativa”.

CSIF aseguró este miércoles que lleva meses denunciando esta situación ante el Imserso sin obtener respuesta, en una “pasividad que refuerza la sospecha de que el deterioro del centro responde a una estrategia deliberada para vaciar de contenido una infraestructura clave en la red de servicios sociales de León”.

Ante todas estas circunstancias, el sindicato exige el cese inmediato del desmantelamiento del Credyd, la cobertura urgente de las bajas de personal sanitario, el restablecimiento de una gestión profesional y transparente y el respeto a la legalidad y a los derechos laborales y asistenciales.