¿2.378 euros para una "vida digna" en prisión? La Audiencia de León deniega embargar a Pedro Muñoz el 90% de su pensión
- Raquel Díaz solicitó la ampliación del embargo hasta dejar al condenado con 200 euros mensuales, “suficientes para su subsistencia”, pero el magistrado que juzgó al expolítico y la Fiscalía se oponen a la revisión solicitada
- “Ese mínimo vital constituye el umbral de lo absolutamente necesario para una vida digna y constituye un dique de contención frente al legítimo derecho del acreedor al cobro su deuda”, alega en su respuesta el magistrado Carlos Miguélez
- El letrado de Raquel Díaz iniciará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
El expolítico berciano Pedro Muñoz, condenado por intentar matar a su segunda exmujer, la abogada leonesa Raquel Díaz y hoy en prisión, cobra una pensión de jubilación de 2.874,72 euros brutos. Adeuda 1.502.982,33 euros a su víctima, que aún no ha percibido ni un solo euro y que a través de su abogado solicitó a la justicia que se amplíe el embargo a su agresor hasta dejarle con lo necesario para vivir, como ha ocurrido con los condenados por otros casos de alguna manera similares.
Díaz considera que, dado que su agresor reside en la cárcel de Villabona, "tiene todos los gastos cubiertos y no necesita casi 3.000 euros para vivir", mientras que ella está en una situación vital extremadamente compleja: incapacitada para trabajar, postrada en una silla de ruedas de por vida y con daños cerebrales irrecuperables, por citar sólo algunas de sus insoportables circunstancias.
Pero el calvario judicial de Raquel Díaz continúa. A la espera de que se pronuncie el Supremo sobre el alzamiento de bienes al que fue condenado Pedro Muñoz y sus dos hijos (el agresor se descapitalizó para no pagar a la víctima), la Audiencia Provincial de León ha dicho ahora no -un no rotundo- a la ampliación del embargo de la pensión de Muñoz.
El magistrado que presidió el juicio a Pedro Muñoz, Carlos Miguélez, ha denegado la revisión de la ampliación del embargo de la pensión y hace hincapié en su escrito en que "debe cumplirse la ley": la ley dice que al condenado sólo se le embargarán unos 400 euros al mes.
¿Necesita un preso (que adeuda más de 1,5 millones a su víctima) disponer de 2.378 euros para tener una "vida digna" en prisión? "No puede ser considerado como parte del esfuerzo reparador que el deudor de la responsabilidad civil debe realizar para satisfacer la deuda los ingresos inferiores a lo declarado inembargable”, considera el juez. "Claro que los tribunales de justicia deben proteger los derechos de las víctimas de delitos, por supuesto que sí, pero dicha protección debe compaginarse con los derechos que la norma atribuye a los penados", escribe, “ese mínimo vital constituye el umbral de lo absolutamente necesario para una vida digna y constituye un dique de contención frente al legítimo derecho del acreedor al cobro su deuda”.
Así las cosas, si nada cambia, Pedro Muñoz percibirá alrededor de 2.378 euros cada mes, en catorce pagas, ya que el juez también ha denegado que se le embarguen íntegramente las dos extras anuales, como solicitaba Raquel Díaz para intentar recibir al menos una parte de la indemnización que le adeuda su agresor.
Para el magistrado de la Audiencia Provincial de León, "acceder a lo pedido por la parte recurrente supondría pisotear el derecho del penado a que la sentencia que le condenó se ejecute conforme al principio de legalidad". En su escrito advierte que no cabe recurso contra su decisión.
Pero no está de acuerdo el letrado de Raquel Díaz, Felipe Patiño. Tras la desestimación del recurso de revisión planteado, ha adelantado a León24horas que iniciará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, "y si no se logra el pleno reconocimiento de que una víctima de violencia doméstica tiene un derecho a la tutela judicial efectiva reforzada que debe procurar una interpretación de las normas en el sentido más favorable a que pueda ser plenamente indemnizada, un derecho que debe ser preferente sobre cualquier derecho patrimonial de su agresor, que tiene asegurado el mínimo de subsistencia precisamente por su situación de preso condenado, entonces lucharemos para que se cambie la norma para que lo permita".
Patiño recuerda que hay numerosos casos que avalan su tesis: por citar dos tristemente muy conocidos, al asesino de Marta del Castillo (Miguel Carcaño) o a la asesina del pequeño Gabriel Cruz (Ana Julia Quezada) se les embargaron sus retribuciones y "se les dejó sólo un mínimo de 200 euros, que permite de sobra su subsistencia en la cárcel".
Serán ahora otras instancias las que deban dirimir dónde están los límites de la protección a un condenado y a su víctima, y si más de 2.300 euros son el mínimo vital de lo absolutamente necesario para la vida digna de un hombre.
Pedro Muñoz, condenado y preso por agredir salvajemente a su pareja, aún no ha asumido el pago de la indemnización que adeuda a la víctima en concepto de responsabilidad civil, tal y como sentenció el tribunal que lo envió a prisión por casi 17 años. Más de un millón y medio de euros que previsiblemente Raquel Díaz nunca cobrará, como les ha ocurrido a otras víctimas, salvo que alguien decida que es el momento de que se estudie modificar algunas leyes, no siempre infalibles.
