Tráfico de influencias y blanqueo de capitales: el resumen del auto del juez en la investigación a Zapatero

• El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, levanta el secreto de sumario y le cita a declarar el próximo 2 de junio

• El auto judicial le señala como el presunto jefe de una estructura jerarquizada que habría cobrado comisiones millonarias a cambio de lograr el rescate público de la aerolínea 

• El juez Calama apunta a que el principal beneficiario final de estos fondos era el propio exmandatario y la sociedad Whathefav SL, administrada por sus hijas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un vuelco al caso Plus Ultra al levantar el secreto de las actuaciones y citar a declarar en calidad de investigado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para el próximo 2 de junio a las 9:00 horas. El magistrado le sitúa en la cúspide de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" dedicada a conseguir beneficios económicos ilícitos mediante la intermediación ante instancias públicas.

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En un auto de 85 páginas, el instructor imputa provisionalmente a Zapatero los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Asimismo, el juez ha ordenado el registro de su oficina de expresidente, así como el de otras tres empresas de la trama. Por el contrario, el magistrado ha rechazado registrar su domicilio particular al considerarlo una medida "desproporcionada".

¿De qué se le acusa exactamente?

Según detalla la resolución judicial, la investigación ha constatado la existencia de una red organizada que Zapatero habría liderado, "poniendo sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros". El objetivo principal de esta trama fue asegurar de forma fraudulenta la aprobación y el desembolso de una ayuda pública de 53 millones de euros concedida por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) a la aerolínea Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia.

El auto revela que los directivos de la compañía aérea utilizaron dos vías simultáneas para presionar: una a través del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra a través de Zapatero, siendo la de este último la que adquirió un "papel predominante" para amarrar el rescate. De hecho, los pinchazos telefónicos demuestran que los implicados conocían que la ayuda iba a ser concedida en febrero de 2021, un mes antes de su aprobación oficial por el Consejo Gestor.

El reparto del dinero y la conexión con sus hijas

El mecanismo para cobrar los favores consistía, presuntamente, en el uso de contratos simulados de asesoría y consultoría redactados ad hoc para justificar los pagos y evitar el rastreo del dinero.

El juez Calama apunta a que el principal beneficiario final de estos fondos era el propio exmandatario y la sociedad Whathefav SL, administrada por sus hijas. El auto desglosa que diversas empresas de la trama desviaron importantes sumas de dinero hacia el entorno de Zapatero y su familia. En concreto Análisis Relevante transfirió 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a la empresa de sus hijas; Gate Center envió 352.980 euros al expresidente y 171.727 euros a Whathefav; Thinking Heads remitió 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a la sociedad de sus hijas.

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Una ramificación en Dubái y una vía en Venezuela

La actividad de la red no se limitó a España. El magistrado señala que, siguiendo instrucciones directas de Zapatero, la trama creó una sociedad off-shore en Dubái (Landside Dubai Fzco) controlada a través de una firma española del intermediario Julio Martínez. Esta empresa en el extranjero firmó un contrato con Plus Ultra para cobrar el 1% del rescate público (530.000 euros), una estructura financiera internacional que, según el juez, se diseñó específicamente para el blanqueo de capitales, ocultando el origen y destino de los fondos en un territorio de baja transparencia.

Además, el auto identifica una segunda línea de influencia de la red en el extranjero, concretamente ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, donde la trama aprovechó su ascendencia sobre las autoridades chavistas para garantizar que Plus Ultra obtuviera los permisos de vuelo necesarios en el país caribeño.

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