Los apicultores exigen a la Junta ayudas al gasóleo tras ser excluidos por el Gobierno central
Los apicultores de Castilla y León han alzado de nuevo la voz para denunciar la situación de «abandono» que sufren por parte de la administración central y reclamar un respaldo urgente a nivel autonómico. La organización agraria COAG Castilla y León ha criticado duramente que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) haya dejado fuera de forma reiterada al sector apícola de las diferentes líneas de apoyo extraordinario articuladas para amortiguar el impacto del incremento del coste de los insumos y la crisis energética provocada por los recientes conflictos internacionales.
El malestar en la profesión es patente tras confirmarse su exclusión de las ayudas directas destinadas a compensar la pérdida de renta por el tren de borrascas, a pesar del impacto sufrido en la cabaña ganadera desplazada a comunidades como Andalucía y Extremadura, así como del paquete extraordinario lanzado para paliar los efectos de la crisis energética en el gasóleo profesional.
Consumo clave para la apicultura profesional
Desde el sector recuerdan que la apicultura profesional depende de manera directa del combustible para el manejo diario y el desplazamiento transhumante de las colmenas. La falta de amortiguadores públicos para el gasóleo, a diferencia de lo que ocurre con otros sectores agrarios y ganaderos, sitúa a las explotaciones apícolas en una clara «distorsión competitiva y un agravio comparativo insostenible».
«Si Pedro Sánchez nos margina, que al menos nos apoye la Junta», reclaman los apicultores, que ven cómo sus costes operativos continúan disparándose sin ningún tipo de contención pública.
El precedente catalán como referencia
A esta brecha con el Gobierno central se suma la diferencia de criterio entre comunidades autónomas. Cataluña ha activado recientemente una línea de ayudas específicas que contempla apoyos de hasta 16 euros por colmena para los apicultores profesionales, con el objetivo explícito de compensar las pérdidas de producción y la subida de los costes energéticos.
Ante esta realidad, las miradas de los apicultores castellanos y leoneses se dirigen ahora hacia la administración autonómica. El sector ha solicitado formalmente al consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, que la Junta de Castilla y León reaccione con celeridad y ponga en marcha una línea de medidas de apoyo directo dirigida a los profesionales a título principal (ATP) para garantizar la viabilidad económica de sus explotaciones.
