Cómo era adoptar un bebé hace unas décadas y por qué la ley fue tan laxa hasta los años 80
La Ley de adopción de 1987 cambia las reglas de juego y equipara a los hijos adoptados con los biológicos a nivel de derechos. Desde entonces, en las adopciones debe intervenir el Tribunal de Menores.
En 1990 se secularizan los hospitales. Hasta ese año, en todo hospital o clínica había una Orden religiosa en la dirección. Desde 1990, ya no.
En 1996 vuelve a cambiar la Ley de adopción y recoge expresamente que los adoptados a partir de los 12 años tienen que saber que lo son, y a los 18 entregarles su identidad biológica.
En 1999 se deroga el parto anónimo: a todos los nacidos les consta el nombre de su madre a nivel documental (Registro Civil).
La búsqueda de los orígenes es un derecho que reconoce la ley a las personas adoptadas. Castilla y León fue la primera comunidad donde se reguló, en la Ley de Protección a la Infancia de 2002.
Hasta 2011 no se cambia la Ley de Registro Civil -vigente desde 1958- que impedía que toda criatura que nacía muerta o moría antes de las 24 horas se considerara persona. La familia no tenía derecho a verle ni a enterrarle.
Gracias a la Ley de Memoria democrática, ahora se puede intentar rastrear la identidad biológica de quien no sabe de dónde vino. Se ha creado un banco estatal de ADN que puede ser la última oportunidad para averiguar quién nos dio la vida.
Hace unos años, la Fiscalía de León archivó al menos dos decenas de casos de familias que buscaban a sus bebés robados en León, principalmente en la Maternidad: por prescripción de los delitos o por la escasez o ausencia de documentación que permitiera ‘tirar del hilo’ y poner luz sobre décadas de oscurantismo.
El análisis de ADN es la única herramienta científica infalible para demostrar parentescos biológicos y quizá resolver algunos casos de bebés robados. La creación de un fichero de perfiles biológicos permite conectar a los hijos adoptados de forma irregular con sus madres y familias biológicas, rompiendo décadas de mentiras y documentación falsificada.
Los principales obstáculos de quienes reclaman justicia y quieren saber de dónde vienen son las irregularidades de los archivos documentales e institucionales. No constan partidas de nacimiento, o en otros casos no son fiables. Falta documentación oficial y, la que hay, no hay certeza de que no fuera modificada a gusto de quienes manipulaban las adopciones irregulares.
Los libros de registro de la antigua Maternidad de León deberían poner luz sobre tantas dudas y búsquedas. También los historiales clínicos de otros hospitales leoneses. Tras décadas de silencio, el gran problema es que, en la mayoría de los casos, ya no hay a quién exigir explicaciones y responsabilidades: la mayoría de los que orquestaron algunas irregularidades durante décadas ya han fallecido.
