La Junta recurrirá el nuevo reparto de menores migrantes y rechaza que Castilla y León deba asumir 833 plazas
La Junta de Castilla y León ha anunciado que recurrirá ante los tribunales el Real Decreto aprobado por el Gobierno que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados. El Ejecutivo autonómico considera que la decisión se ha adoptado de forma unilateral, sin consenso con las comunidades autónomas y sin atender a la capacidad real de los servicios de protección.
l Gobierno autonómico ha confirmado que presentará un recurso contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que se establece la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados.
La norma asigna a Castilla y León una capacidad de 833 menores, una cifra que la Junta considera injustificada y alejada de la realidad de la comunidad.
La Junta denuncia una decisión "unilateral"
Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que el Gobierno de España ha vuelto a adoptar una decisión "sin el acuerdo unánime de las comunidades autónomas" y sin respetar las competencias que estas tienen en materia de protección de menores.
Además, consideran que el reparto responde a criterios políticos y no a la capacidad real de acogida de cada territorio, lo que, a su juicio, dificulta la planificación de recursos y compromete la sostenibilidad del sistema de protección.
Cuestiona el incremento de plazas asignadas
La Junta recuerda que el anterior reparto, aprobado mediante el Real Decreto de agosto de 2025, ya asignó a Castilla y León la atención de 783 menores, una norma que también fue recurrida.
Ahora, el nuevo decreto eleva esa cifra hasta los 833 menores, un incremento del 6,38 % que el Ejecutivo autonómico considera desproporcionado.
Como argumento, señala que la población de Castilla y León únicamente ha aumentado un 0,72 % entre agosto de 2025 y mayo de 2026, por lo que entiende que no existe una justificación objetiva para aumentar de esa forma la capacidad asignada.
Recurso en los próximos días
La Junta ha avanzado que los Servicios Jurídicos, a petición de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, presentarán el correspondiente recurso contra el Real Decreto.
El objetivo, según el Gobierno autonómico, es defender las competencias de Castilla y León en materia de protección de menores y garantizar que el sistema de acogida pueda funcionar con criterios de planificación y capacidad reales.
El vicepresidente de la Junta vincula el recurso al acuerdo de Gobierno
Tras hacerse público el anuncio del recurso, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, mostró su respaldo a la decisión a través de sus redes sociales, donde aseguró que la Comunidad "no admitirá nuevos traslados de menores extranjeros no acompañados (MENAS) por capricho de Sánchez".
En su publicación, Pollán afirmó que la presentación del recurso supone dar cumplimiento al punto 10.1 del acuerdo de Gobierno y defendió que el Ejecutivo autonómico ejercerá "todos los medios legales, jurídicos y políticos" frente a lo que calificó como "la estafa migratoria del Gobierno Central".
Estas declaraciones endurecen el tono político del anuncio realizado previamente por la Junta. Mientras el comunicado oficial justificaba el recurso en la defensa de las competencias autonómicas y en la falta de criterios objetivos para fijar la capacidad de acogida de menores, Pollán enmarca la decisión dentro del pacto de Gobierno y de la política migratoria que defiende Vox.
